El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España continúa ganando intensidad en 2025. Mientras el Gobierno reporta un aparente superávit contable de 3.397 millones de euros a julio, expertos independientes revelan una realidad financiera más preocupante: un déficit oculto de 37.000 millones de euros que la Administración está financiando mediante préstamos del Estado. Esta divergencia entre los datos oficiales y el déficit real plantea una cuestión crítica para el futuro de la Seguridad Social y el bienestar de casi 11 millones de pensionistas y beneficiarios. En este contexto, economistas como José Ramón Riera proponen un replanteamiento profundo del gasto público y un modelo de pensiones alternativo basado en experiencias europeas exitosas. El presente análisis desglosa la compleja realidad del sistema de pensiones, las causas del desequilibrio financiero y las posibles soluciones que se debaten en la agenda política y económica.
Desfase financiero real del sistema de pensiones a pesar del superávit contable oficial
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destacado que a mitad de 2025 la Seguridad Social española mantenía un superávit contable positivo de 3.397 millones de euros. Este dato, sin embargo, no refleja la verdadera situación económica del sistema, tal como advierte el economista José Ramón Riera.
Según Riera, mientras la contabilidad oficial muestra un saldo favorable, el déficit real alcanza 33.825 millones de euros. Este déficit no se reconoce en las cuentas oficiales debido a la práctica constante de recurrir a préstamos públicos para cubrir la brecha, llegando a un monto total de cerca de 37.000 millones de euros en ayudas estatales destinadas a pagar las pensiones vigorosamente incrementadas.
El economista señala que en solo siete meses de 2025 se requirieron 5.000 millones de euros adicionales en préstamos respecto al mismo periodo del año anterior, lo que evidencia una aceleración del desajuste financiero del sistema. Esta tensión no se limita a España; países europeos como Francia y Alemania también enfrentan retos similares, lo que añade contexto a un problema estructural de la Seguridad Social en el continente.
En términos claros, el sistema de pensiones se encuentra en una situación que José Ramón Riera denomina “quiebra técnica”, dado que sus ingresos por cotizaciones, aunque en aumento, son insuficientes para cubrir el ritmo creciente de los pagos a pensionistas. Por eso, las aparentes cifras positivas no reflejan la verdadera salud económica del sistema y esconden la necesidad urgente de modificar la forma en que se financia la Seguridad Social.
- Diferencia entre superávit contable y déficit real: El Gobierno reporta cifras positivas que no consideran préstamos estatales.
- Necesidad creciente de financiación externa: España ha incrementado el endeudamiento para cubrir pagos.
- Presión común en países europeos: Crisis similar en Francia y Alemania, con reformas propuestas.
- Riesgo de quiebra técnica: Los ingresos por cotizaciones crecen a un ritmo inferior al gasto en pensiones.
El crecimiento del gasto en pensiones y su impacto en la Seguridad Social
La evolución del sistema de pensiones está marcada por un aumento constante y acelerado en el gasto público, muy superior al crecimiento de los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales. En 2025, esta tendencia ha exacerbado la dificultad para asegurar el equilibrio financiero de la Seguridad Social.
La dinámica del gasto se alimenta, en gran parte, del aumento demográfico de pensionistas y de la indexación de las pensiones al crecimiento del coste de vida, algo imprescindible para garantizar un nivel de vida digno. Sin embargo, este crecimiento sostenido plantea un reto complejo a la hora de afrontar la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo.
Cabe destacar que economías europeas avanzadas han implementado reformas estructurales para contener el impacto del gasto en pensiones. En España, por ejemplo, la discusión sobre posibles recortes en las pensiones ha generado controversia, con expertos como José Ramón Riera advirtiendo que las pensiones no deberían verse afectadas por ajustes presupuestarios.
En cambio, otros capítulos del gasto público, calificados como “gasto político”, podrían ser revisados para evitar poner en riesgo prestaciones sociales esenciales. Este enfoque plantea la necesidad de un debate público amplio y detallado sobre la priorización del gasto estatal y la protección social.
- Crecimiento acelerado del gasto en pensiones: Ajustes por inflación y aumento de beneficiarios.
- Ingresos de cotizaciones sociales insuficientes: Mayor ritmo de gasto que de ingresos.
- Reformas estructurales en Europa: Francia y Alemania rediseñan sus sistemas de pensiones.
- Debate sobre recortes en el gasto público: Pensión versus otras partidas presupuestarias.
«Gasto político» y propuestas para reequilibrar las finanzas públicas
El concepto de “gasto político” abarca una parte significativa del presupuesto estatal y se refiere a las partidas consideradas como prescindibles o poco eficientes, incluyendo subvenciones y organismos públicos que generan un coste elevado para la administración sin aportar un valor proporcional. Según el economista José Ramón Riera, España dedica aproximadamente 165.000 millones de euros a este tipo de gastos.
Riera argumenta que si se redujera a la mitad este “gasto político”, sobrarían 80.000 millones de euros, lo que podría cubrir de sobra el déficit real de las pensiones y aún dejar fondos suficientes para áreas prioritarias como infraestructuras, sanidad y educación. Esta propuesta busca evitar recortes en prestaciones sociales esenciales y proteger derechos fundamentales.
Entre las áreas señaladas para ajustes se encuentran los cerca de 11.000 entes y organismos públicos que operan en España, muchos de ellos con duplicidades o falta de transparencia. Además, las subvenciones estatales ascienden a cerca de 28.500 millones de euros, una cifra que también podría ser objeto de modificación para mejorar la eficiencia del gasto público sin afectar gravemente a la población.
- 165.000 millones en “gasto político”: partidas cuestionadas por su eficacia.
- 11.000 organismos públicos: posibles duplicidades y falta de transparencia.
- 28.500 millones en subvenciones: oportunidad para racionalizar el gasto.
- Propuesta de reducción a la mitad: liberación de recursos para pensiones y servicios públicos básicos.
Modelos alternativos para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones
En línea con las tendencias en Europa, expertos financieros y economistas plantean la necesidad de transformar el actual sistema de pensiones español hacia un modelo mixto que combine financiación pública y privada. Inspirado en el sistema neerlandés, este modelo propone tres pilares complementarios:
- Pensiones contributivas tradicionales financiadas mediante cotizaciones sociales, garantizando un ingreso base para todos los jubilados.
- Planes públicos-privados obligatorios, con aportaciones conjuntas de empresas y trabajadores para mejorar la sostenibilidad financiera.
- Sistemas de ahorro incentivados fiscalmente para que los ciudadanos puedan complementar sus pensiones mediante herramientas de ahorro personal, fomentando la cultura previsional.
Este modelo implantado en los Países Bajos desde 1992 ofrece una referencia sobre cómo España podría modernizar sus políticas de seguridad social. La experiencia muestra que equilibrar las fuentes de financiamiento reduce la presión sobre las finanzas públicas y mejora la calidad del sistema jubilatorio.
Sin embargo, la puesta en marcha de este cambio supone un gran desafío político y social que requerirá consenso amplio y políticas claras para evitar incertidumbres entre los beneficiarios actuales y futuros.
Protección de las pensiones frente a recortes y responsabilidad fiscal
El mensaje emitido por economistas como José Ramón Riera es claro respecto a la prioridad que deben tener las pensiones, la sanidad, la educación y la seguridad pública frente a otros gastos presupuestarios. Con casi 11 millones de pensionistas y funcionarios de clases pasivas, el sistema protege a una parte muy amplia y vulnerable de la población.
Riera sostiene que los recortes no deben afectar estos ámbitos prioritarios y propone que el Estado debe buscar la sostenibilidad económica mediante la eliminación del “gasto político superfluo” antes de considerar ajustes en las prestaciones sociales. Este planteamiento resuena con la preocupación ciudadana y con análisis realizados por entidades como el Banco de España, Fedea, Funcas, BBVA Research, Santander, CaixaBank, Mapfre y VidaCaixa, que también han enfatizado la importancia de proteger el poder adquisitivo de los pensionistas y la solvencia del sistema.
El compromiso con la responsabilidad fiscal combinado con la justicia social exige una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos. La insistencia en preservar las pensiones busca garantizar que el esfuerzo colectivo de generaciones pasadas se vea recompensado con pensiones dignas y sostenibles.
- Pensiones, sanidad y educación como prioridades inviolables.
- Rechazo a ajustes en prestaciones sociales sin antes reducir gastos innecesarios.
- Apoyo de instituciones financieras y económicas para proteger derechos y estabilidad.
- Compromiso con la transparencia y eficiencia en gasto público.
Periodista independiente con 25 años de experiencia en reportajes y análisis. Apasionado por la investigación y la búsqueda de la verdad, comprometido con la información objetiva y la narrativa honesta en medios digitales y tradicionales.
