José Ramón Riera advierte sobre el inminente colapso en las finanzas públicas de España

El economista José Ramón Riera ha lanzado una advertencia contundente sobre la delicada situación de las finanzas públicas en España. Según datos recientes del Ministerio de Hacienda, durante los primeros siete meses de 2025, el Gobierno ha autorizado créditos extraordinarios por casi 20.000 millones de euros para cubrir gastos que no estaban contemplados en los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2022. Sin debate ni votación en el Congreso o Senado, estas ampliaciones representan un patrón peligroso para la estabilidad fiscal del país.

Este crecimiento extraordinario del gasto afecta diversos ámbitos, desde el aumento en personal hasta transferencias corrientes e inversiones reales, mientras el fondo de contingencia se reduce drásticamente. La falta de renovación presupuestaria y el recurso frecuente a créditos extraordinarios han provocado críticas severas por parte de Riera, quien alerta que España enfrenta un déficit imposible de sostener sin un control parlamentario efectivo.

En este contexto, aparecen reflexiones, reacciones y consecuencias que afectarán a corto y medio plazo la economía nacional y la confianza de los mercados, incluyendo a entidades financieras españolas de relevancia como Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Mapfre, Sabadell, ING España, Liberbank, Unicaja Banco y Mutua Madrileña. Este análisis detallado reúne las claves para entender el desafío que enfrenta España en materia fiscal.

El gasto público extraordinario rompe con la normalidad presupuestaria en España

Los créditos extraordinarios, tradicionalmente destinados a atender situaciones excepcionales, se han convertido en una herramienta habitual para sufragar el aumento del gasto público en España, lo que está generando una profunda preocupación económica y política.

Desde principios de 2025, el Ministerio de Hacienda ha aprobado créditos adicionales que suman un total cercano a 20.000 millones de euros. Esta cantidad representa un incremento significativo respecto a los Presupuestos Generales del Estado vigentes, que se mantienen sin actualización desde finales de 2022.

• Incremento en gasto de personal: Más de 1.100 millones de euros adicionales destinados a salarios y remuneraciones.
• Transferencias corrientes: Un aumento de 13.700 millones para financiar administraciones y organismos públicos.
• Incremento en inversiones reales: 5.600 millones adicionales para infraestructuras y proyectos.
• Reducción del fondo de contingencia: Disminución que limita la capacidad de respuesta ante inesperados riesgos financieros.

Esta situación ha hecho saltar alarmas entre economistas y políticos, quienes advierten que el gasto público está creciendo sin la supervisión ni control habituales del Congreso, lo que podría desencadenar una crisis profunda en la gestión fiscal española.

Asimismo, el uso repetido y sistemático de créditos extraordinarios sugiere una planificación fiscal deficientemente estructurada, donde el Ejecutivo evita la confrontación parlamentaria y el sometimiento a un control riguroso. La práctica se aleja del espíritu democrático y amenaza con hipotecar el futuro económico con un déficit que podría ser insostenible.

Consecuencias para la economía española y el sector financiero

El incremento irracional y sin control del gasto público impacta directamente en la economía española y en el sector financiero, generando preocupaciones entre grandes entidades como Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Bankinter.

Las posibles consecuencias se pueden identificar en varios aspectos:

• Incremento de la deuda pública: El déficit creciente obliga al Estado a financiarse mediante deuda, lo que encarece los costes por intereses y limita la capacidad de inversión futura.
• Incertidumbre en la gestión gubernamental: La ausencia de presupuestos actualizados y la falta de debates parlamentarios socavan la confianza de inversores locales e internacionales.
• Presión sobre los bancos y aseguradoras: Empresas como Mapfre, Sabadell, ING España, Liberbank, Unicaja Banco y Mutua Madrileña pueden sufrir retrocesos en la calidad crediticia y en los activos vinculados a la deuda soberana.
• Riesgo de ajustes futuros: Para corregir el déficit, será necesario implementar políticas de austeridad o reformas fiscales que pueden afectar a los servicios públicos esenciales y bienestar social.

Este panorama genera un desafío complejo, pues la economía española deberá conjugar la sostenibilidad financiera con la protección de sectores esenciales para la ciudadanía. En paralelo, las entidades financieras enfrentan un escenario de riesgo que exige prudencia y estrategia para mantener su estabilidad y capacidad de crédito.

La falta de presupuestos actualizados y la prórroga continuada

Una de las causas fundamentales que agravan la situación es el bloqueo en la aprobación de nuevos presupuestos generales desde 2022, lo que ha obligado a que España funcione con unas cuentas envejecidas en un escenario económico dinámico y cambiante.

Este fenómeno de prórroga continua genera varios problemas severos:

• Desfase entre gastos previstos y necesarios: Los presupuestos no reflejan la realidad del entorno económico actual ni las necesidades emergentes de gasto público.
• Uso abusivo de créditos extraordinarios: El Ejecutivo recurre a esta figura para cubrir desequilibrios sin pasar por el consenso parlamentario.
• Limitación del control democrático: Al no debatirse nuevos presupuestos, el Parlamento pierde capacidad de fiscalización del gasto.
• Perpetuación de una gestión opaca: La falta de transparencia y planificación aumenta la desconfianza ciudadana y de los actores económicos.

Este escenario evidencia un problema estructural en el sistema fiscal y político español, donde la incapacidad para acordar unas cuentas claras y actualizadas compromete la salud financiera del país y la credibilidad de sus instituciones.

La crítica de Riera se centra en que el Gobierno actual ha pervertido el sistema presupuestario, utilizándolo como un instrumento para gastar sin control parlamentario efectivo. Frente a esta situación, advierte que los próximos Gobiernos heredarán una crisis fiscal que superará las previsiones actuales, con déficits que podrían ser insostenibles.

Reacciones y demandas de transparencia en el debate público

Ante este panorama, varias voces del ámbito político y económico demandan mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas. José Ramón Riera ha sido uno de los principales críticos y ha manifestado su intención de continuar denunciando esta situación para que la ciudadanía esté informada.

Las demandas principales se centran en:

• Restaurar el control parlamentario: Asegurar que cualquier ampliación de crédito sea debatida y aprobada por el Congreso y el Senado.
• Actualización de Presupuestos: Presentar y aprobar cuentas generales adaptadas a la realidad fiscal actual lo antes posible.
• Mayor transparencia en la ejecución del gasto: Publicar informes claros y accesibles para la ciudadanía y los observadores económicos.
• Planificación fiscal sostenible: Diseñar estrategias para reducir el déficit y la deuda evitando el uso sistemático de créditos extraordinarios.

Riera insiste que el desconocimiento y la desinformación son elementos que contribuyen a que se repitan prácticas irresponsables, por lo que invita a la sociedad a estar alerta, exigir información y participar en el control democrático.

Impacto en el bienestar social y futuro económico de España

El crecimiento descontrolado del gasto sin planificación ni control no solo afecta las cuentas públicas, sino que también pone en jaque el estado de bienestar y los servicios públicos fundamentales.

En los últimos años, el análisis conjunto de José Ramón Riera e Ignacio Basco ha mostrado que servicios como la educación y la seguridad ciudadana han perdido peso presupuestario frente al aumento del gasto político sin valor esencial para la ciudadanía. Esta tendencia amenaza la calidad y la accesibilidad de servicios claves para el desarrollo social y económico de España.

• Desinversión en servicios esenciales: Menor asignación presupuestaria para hospitales, colegios y seguridad pública.
• Aumento del gasto político no esencial: Crecimiento significativo en partidas destinadas a estructuras políticas sin impacto directo en la calidad de vida.
• Riesgo de deterioro en la protección social: Programas sociales y subsidios podrían verse afectados ante la necesidad de ajustes fiscales.
• Impacto en la cohesión social: Las desigualdades pueden incrementarse en ausencia de políticas públicas sólidas y sostenibles.

En este sentido, la sostenibilidad futura de las finanzas públicas españolas está íntimamente ligada a la capacidad del país para recuperar la transparencia, la planificación y el buen gobierno. La economía y la sociedad dependen de una gestión responsable para evitar un colapso inminente que afecte a todos los españoles.