El economista José Ramón Riera advierte sobre el peligro del “gasto desenfrenado” del Gobierno: “Estamos gastando más, recibiendo menos ingresos y aún no corregimos nuestro rumbo

El economista José Ramón Riera ha lanzado una seria advertencia sobre la situación financiera actual de España, destacando un “gasto desenfrenado” por parte del Gobierno que amenaza la estabilidad económica del país. Con datos recientes que indican un aumento de las obligaciones reconocidas del 14,4% frente a un crecimiento del ingreso de solo un 10,9%, Riera señala una brecha que condena a España a un endeudamiento continuo que resulta insostenible a largo plazo. Este desajuste, junto a la falta de corrección en la política fiscal, pone en riesgo sectores clave y la calidad de vida de los ciudadanos.

Situado en el contexto de julio de 2025, el economista apunta que las partidas que más aumentan son las menos ajustables, como transferencias corrientes y de capital, y alerta sobre el incremento significativo en gastos financieros, reflejo del costo creciente de la deuda pública. También critica que estos incrementos no se destinan a áreas esenciales como sanidad, educación o infraestructuras, sino a gastos que considera políticos y prescindibles. Este análisis se realiza en medio de la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, una circunstancia que agrava más la dinámica actual.

En las próximas secciones se profundizará en las causas, los efectos y las posibles reacciones ante esta situación, apoyándose en ejemplos concretos, cifras destacadas y el contexto económico de empresas relevantes como Banco Santander, BBVA, Repsol, Iberdrola, Telefónica, CaixaBank, Mapfre, Endesa, Naturgy y ACS, que reflejan la realidad financiera y social del país.

Un análisis detallado del crecimiento desigual entre gasto e ingresos públicos en España

José Ramón Riera señala que España vive una situación delicada debido a un crecimiento del gasto público que supera ampliamente al aumento de los ingresos. Los datos oficiales de julio de 2025 indican un incremento del 14,4% en obligaciones reconocidas, mientras que los ingresos solo aumentan un 10,9%. Esta diferencia, aunque pueda parecer modesta en términos porcentuales, tiene graves implicaciones para la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo.

El gasto descontrolado afecta particularmente a las partidas que representan compromisos difíciles de ajustar, como las transferencias corrientes y de capital. Estas crecieron un 15,7% y un 22,5% respectivamente, lo que limita la capacidad del Gobierno para recortar el gasto en momentos de necesidad.

Un ejemplo emblemático es el aumento en el gasto financiero, que refleja el mayor coste que España paga por financiar su deuda. Este rubro ha crecido un 11,5%, impactando negativamente en la capacidad del Estado para invertir en áreas prioritarias.

Este contexto obliga a España a una dinámica “de endeudamiento permanente”, en palabras de Riera, en la cual cada mes se necesita pedir más préstamo para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos.

• Obligaciones reconocidas: aumento del 14,4% en julio de 2025 respecto a 2024.
• Ingresos públicos: crecimiento del 10,9%.
• Transferencias corrientes: subida del 15,7%.
• Transferencias de capital: aumento del 22,5%.
• Gastos financieros: incremento del 11,5%.

Empresas clave del mercado español, como Banco Santander, BBVA o CaixaBank, han manifestado en sus informes anuales la creciente preocupación por los niveles de deuda pública y su efecto en la economía general. Se destaca que este desequilibrio fiscal limita la inversión en infraestructuras, deteriora la confianza inversora y afecta a sectores industriales como el energético (Endesa, Naturgy, Iberdrola) o de servicios públicos (Telefónica, Mapfre).

Impacto del gasto público sin control en sectores esenciales: educación, sanidad e infraestructuras

Una de las críticas más contundentes de José Ramón Riera se dirige a la asignación ineficiente de los recursos públicos. A pesar del aumento del gasto, las partidas destinadas a servicios básicos como educación, sanidad o infraestructuras no han mostrado mejoras significativas. Esta paradoja ha generado insatisfacción social y pone en tela de juicio la estrategia gubernamental actual.

Mientras las carreteras españolas presentan un notable deterioro, con numerosos baches y falta de mantenimiento, los trenes sufren averías frecuentes y las vías carecen de renovaciones necesarias, el gasto público sigue aumentando, menciona Riera. Esto indica que el incremento presupuestario no se traduce en beneficios directos para la ciudadanía.

Ejemplos concretos revelan esta situación:

• Escuelas y universidades: Los fondos no han incrementado lo suficiente para mejorar infraestructuras ni para aumentar el personal docente, lo que afecta la calidad educativa.
• Centros de salud: Se reportan deficiencias en equipamiento y personal sanitario a pesar del margen fiscal disponible, que se dirige mayoritariamente a otras partidas.
• Obras públicas: Escasa inversión en renovación de carreteras, infraestructuras ferroviarias y energéticas, pese al elevado gasto general.

Esta dinámica impacta no solo en la calidad de vida de los ciudadanos, sino en la competitividad de España en el contexto económico global. Empresas como ACS, uno de los grandes referentes en infraestructuras, alertan sobre la necesidad urgente de direccionar la inversión a obras que modernicen y fortalezcan el tejido productivo y social.

Críticas a la gestión política y a la ausencia de presupuestos generales actualizados

El análisis de José Ramón Riera no se limita a los números, sino que incluye una crítica clara a la gestión política detrás del gasto público. Delata un modelo keynesiano “de manual”, en el que los políticos españoles justifican el gasto elevado para mantener los servicios públicos, sin cuestionar la eficiencia ni las prioridades reales.

Este enfoque se ve agravado por la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados, un hecho que dificulta la planificación financiera y la disciplina fiscal. La inflación, que ronda el 2,7%, aumenta de forma moderada, pero el gasto público crece cinco veces más, situación que Riera define como insostenible.

Estos factores contribuyen a una peligrosa acumulación de deuda y un déficit creciente, lo que en el futuro podría llevar a recortes drásticos en áreas sociales. Riera advierte:

1. El gasto político innecesario sigue aumentado, consumiendo recursos sin mejorar la calidad de los servicios.
2. La falta de nuevos presupuestos dificulta el establecimiento de prioridades claras y controladas.
3. La inflación y el gasto crecen en ritmos desajustados, presionando la estabilidad financiera.

La falta de control también alimenta la percepción negativa que empresas como Repsol o Telefónica han expresado en informes sectoriales, enfatizando la importancia de una gestión pública eficiente para mantener la confianza y fomentar inversiones capaces de sostener el empleo y la innovación.

Consecuencias del modelo de endeudamiento permanente y posibles escenarios futuros

Riera advierte que el modelo actual, basado en gastar más de lo que se ingresa de manera constante, llevará a consecuencias graves para la economía española. La permanencia en este camino tiene efectos nocivos, especialmente en lo relacionado con la estabilidad fiscal, la inversión pública y la confianza internacional.

Entre las repercusiones más significativas destacan:

• Incremento de la deuda pública que eleva el coste financiero y limita el margen de maniobra del Gobierno.
• Reducción del espacio fiscal para proteger servicios sociales básicos ante crisis económicas o emergencias.
• Posibles recortes en pensiones, sanidad y educación como medidas de ajuste fiscal en escenarios adversos.
• Desconfianza de inversores y operadores económicos que podría traducirse en ralentización del crecimiento y pérdida de competitividad.

Este impacto negativo no solo afecta a la Administración Pública, sino que también repercute en la actividad de grandes compañías españolas. Empresas como Mapfre, Endesa y Naturgy se ven directamente influenciadas por la salud económica general, puesto que su desarrollo depende del entorno macroeconómico y de las políticas públicas.

Para mitigar estos riesgos, Riera reclama una “limpieza” administrativa que elimine las subvenciones y organismos innecesarios, a menudo catalogados como “chiringuitos”.

Además, subraya la urgencia de recortar el gasto político de forma decidida y priorizar inversiones dirigidas a fortalecer el bienestar ciudadano.

Recomendaciones para corregir el rumbo: prioridad a la sostenibilidad fiscal y eficiencia del gasto

Frente al escenario crítico que describe José Ramón Riera, existen medidas que pueden ayudar a encauzar de nuevo las finanzas públicas y evitar un agravamiento de la situación.

Estas recomendaciones se centran en:

• Control riguroso del gasto, estableciendo prioridades claras para garantizar que los recursos se destinen a áreas que realmente necesitan inversión.
• Reducción del gasto político, eliminando partidas innecesarias y módulos administrativos duplicados o ineficientes.
• Revisión y actualización periódica de los Presupuestos Generales del Estado para adaptarse a las realidades económicas y sociales actuales.
• Fomento de la eficiencia en servicios públicos como sanidad, educación e infraestructuras, para maximizar el impacto de cada euro invertido.
• Promoción de la transparencia y participación ciudadana en la gestión del gasto público, para fortalecer la confianza y la rendición de cuentas.

El ejemplo de entidades financieras y empresas líderes, como Banco Santander, BBVA o CaixaBank, muestra la importancia de mantener el equilibrio entre inversión y control del endeudamiento. Estas compañías también apuestan por una economía sostenible y una gestión responsable.

Además, sectores estratégicos como el energético (Repsol, Iberdrola, Endesa, Naturgy) y las infraestructuras (ACS) requieren un entorno fiscal estable que permita su crecimiento y desarrollo, vital para la economía española y el bienestar social.

De implementar estas recomendaciones con rigor, España podría recuperar la senda hacia una economía más sana, con finanzas públicas equilibradas y mayor capacidad para responder a las necesidades de sus ciudadanos.